Mallorca en un caos de aguas residuales: ¡los turistas sufren por el cierre de las playas!
Mallorca sufre graves problemas de aguas residuales y las playas corren el riesgo de ser cerradas. Las demandas de soluciones sostenibles son cada vez más fuertes.

Mallorca en un caos de aguas residuales: ¡los turistas sufren por el cierre de las playas!
La isla balear de Mallorca sigue luchando contra un importante problema de aguas residuales que sigue sin resolverse a pesar de los elevados ingresos procedentes del turismo. Según información de Lokalkompass.de A finales de 2022 se puso en funcionamiento el “Tanque de las Tormentas”, una cuenca subterránea destinada a recoger el exceso de aguas residuales durante las fuertes lluvias. Sin embargo, durante las fuertes lluvias, las aguas residuales sin tratar siguen fluyendo hacia varias bahías, incluidas Palma y Arenal.
Estas circunstancias no sólo provocan el cierre de las playas, sino que también provocan el descontento entre los turistas y los lugareños. La evidencia informal sugiere que la bandera roja debería tener franjas marrones simbólicas en estos días. La demanda de más inversión en soluciones sostenibles para mejorar la situación de las aguas residuales es cada vez más fuerte.
Lluvias intensas y frecuentes y sus efectos
El problema se agrava especialmente en los meses de otoño, cuando a menudo pasan gotas de aire frío sobre la isla. Durante este tiempo, la canción infantil "Está lloviendo, está lloviendo..." en Palma terminará con "... la playa está cerrada", como mallorcazeitung.es informó. En agosto, durante la temporada alta, se declaró por novena vez este año la "prohibición de nadar" en las playas de la ciudad debido a la sobrecarga del sistema de drenaje de aguas pluviales y residuales sin tratar.
A pesar de la instalación de la dársena de desbordamiento de tormentas en Coll d'en Rebassa, todavía no se han conseguido alejar del mar 35.000 metros cúbicos de agua contaminada. El problema no sólo es evidente en Palma, sino también en otros lugares de Mallorca, como Sóller y Pollença.
Políticas e inversiones
Juan Manuel Lafuente, ministro de Estado del Mar y del Ciclo del Agua, tiene una clara política de “vertimiento cero”. Un plan de inversión integral pretende garantizar que no se viertan más aguas residuales sin tratar al mar. Esto se financia con los ingresos del impuesto turístico, la financiación de la UE y las tarifas de aguas residuales. Los municipios deberían disponer de 20 millones de euros cada año para modernizar la red de gasoductos.
Un punto central del debate es la modernización y ampliación de la planta depuradora de aguas residuales EDAR II, para la que se ha conseguido una financiación de 150 millones de euros, el 80% con cargo a fondos de la UE y el 20% con cargo al Estado central. La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales aumentará hasta 135.000 metros cúbicos por día en un plazo de cinco años. Además, es necesario un sistema de alcantarillado independiente para las aguas pluviales y residuales, aunque los proyectos se encuentran en diferentes etapas. En la zona comercial de Son Castelló, la separación del alcantarillado está a medio realizar y debería estar finalizada en mayo de 2025.
En la zona del Ensanche, las obras de desconexión de las líneas comenzarán en 2024 y se espera que finalicen en tres años, mientras que un proyecto de desconexión de las líneas en el casco antiguo podría tardar 15 años en completarse. Están previstas otras cuencas de retención de agua de lluvia, incluida una frente a la catedral y otra cerca de la base naval de Porto Pi.
Se estima que una nueva tubería que descargará las aguas residuales depuradas a cuatro kilómetros de la playa costará 40 millones de euros. Se espera que este proyecto se presente en abril, pero no se espera que esté finalizado hasta octubre de 2027 como muy pronto. Los conservacionistas marinos critican que, salvo casos excepcionales, se debería alcanzar el objetivo a largo plazo de no verter agua sucia al mar.
Para mejorar la calidad del agua y contrarrestar la contaminación, el Gobierno central ha aprobado un proyecto de seguimiento de la gestión del agua en Palma, que permitirá realizar más rápidamente el control necesario.